Los esfuerzos de Francia por luchar contra la piratería, principalmente a través del P2P, empiezan a dar sus frutos. El año pasado, y tras un largo proceso de consulta y redacción de informes, el presidente Sarkozy lanzó una iniciativa del todo impopular, la llamada “Réplica Gradual”, según la cual se pretendía, en primer término, avisar a los internautas usuarios de plataformas P2P de la ilicitud de sus conductas, para, en caso de reiteración, suspender la conexión a Internet, además de agilizar los procedimientos de reclamaciones legales en favor de las asociaciones del sector de la industria cultural. El proyecto de ley sigue su proceso y debe ser aprobado en los próximos meses por el Parlamento francés.

Esta iniciativa, celebrada por discográficas, productoras, entidades de gestión y por el sector cultural en general, tuvo en cambio una acogida del todo fría por parte de internautas y demás asociaciones de consumidores. Las numerosas implicaciones de la iniciativa, principalmente en materia de protección de datos, las cuales merecen un estudio aparte que pretendo realizar más adelante, supusieron finalmente el enfrentamiento con algunos diputados europeos, entre los cuales el francés Guy Bono, el cual aprovechó la aprobación del “Paquete Telecom” en la Comisión para introducir una enmienda que garantizase el libre acceso a Internet y la seguridad de los datos personales. Así mismo, el equivalente galo a la AGPD, la CNIL, trató de echar por tierra un proyecto que prácticamente nació muerto.

Sin embargo, y contra todo pronóstico, la situación parece haber dado un giro de 180 grados, y es que la propia Unión Europea parece haber encontrado en éste modelo un sistema eficaz de lucha contra un problema para el que no había surgido solución alguna hasta el momento. El eurodiputado español Manuel Medina Ortega, miembro del PSE en el Parlamento Europeo, ha sometido al Parlamento, el pasado 20 de enero, un informe en el que, entre otras cosas, se dan por buenos algunos de los principios del proyecto francés.

Previamente, Reino Unido se había posicionado también en favor de un modelo similar para su implantación en tierras británicas (aunque las últimas noticias apuntan a que finalmente no optarán por este sistema, al contrario de Irlanda, donde una ISP, por iniciativa propia, ha decidido imponer la suspensión del acceso a Internet a aquellos usuarios sospoechosos de descargar y poner a disposición contenidos protegidos) y ahora parece que el turno es de Italia, de quien se rumorea que el ministro de cultura Italiano, Sandro Bondi, ha llegado incluso a formalizar su apoyo mediante la firma de un acuerdo de colaboración con su homóloga francesa, Christine Albanel. El acuerdo se habría alcanzado, dicen, con la más absoluta discreción, y no se sabe las implicaciones que el mismo podría tener, ni de qué forma pretenden los dos paises colaborar. Sin embargo hay que otorgarle cierto grado de credibilidad a este acuerdo, el cual vendría a enmarcarse en una reciente actividad frenética de los Tribunales italianos en contra de sistemas de filtro impuestos por fiscales italianos, cosa que podría haber desagradado al Presidente Berlusconi, presionado por la IFPI y la MPAA, quien estaría ahora buscando remedios legales para poner freno al hundimiento de la industria cultural.